Soy una persona de definiciones. Por las características de mi biografía, o por el entorno en el que me desenvolví, tuve que tomar decisiones desde temprana edad, en muchas ocasiones enfrentando disyuntivas u opciones múltiples, y aprendí que, en la vida, pero sobre todo en la política, hay que optar, y que esa opción supone una renuncia a otras opciones, y que, cuando la opción se da entre posiciones que representan intereses encontrados, distintos o incluso antagónicos, la definición tomada supone involucrarse en posibles disputas o enfrentamientos. Muchas veces, en incomprensiones. Es así que a mi ingreso en la política, tlaxcalteca como soy, asumí una definición primera, que, a la postre, marcaría mi quehacer: había vivido en una región con haciendas y con campesinos pobres. Y opté por los campesinos. Y me volví agrarista; y, casualmente, buena parte de los hacendados eran criollos, y los campesinos, mestizos de primera generación o indígenas. Y me comprometí con las causas de la reivindicación indígena.
En el devenir del tiempo estas dos opciones marcaron mi desempeño profesional y me determinaron. Después, entre la valoración sobre si mi accionar político fortalecería al Estado o al sector privado, opté por lo público, y por el robustecimiento del sector social de la economía, y la participación de la sociedad civil. En este trayecto, en 1983, siendo subsecretaria de Reforma Agraria, conocí a la doctora Lourdes Arizpe, respetable intelectual, feminista, que me introdujo en la conceptualización del feminismo y orientó la toma de decisiones que permitió establecer el Programa de la Mujer Campesina en el Desarrollo Rural. Desde esa época abracé una visión feminista. Por esa influencia, y la de otras destacadas mujeres, como María Lavalle Urbina, adicioné a mi conjunto de vectores vitales el de apoyar el desarrollo de las mujeres, impulsando la equidad de género, y rechazando cualquier discriminación.
Un concepto esencial, cuando uno asume la reivindicación de las causas de las mujeres, es la comprensión de que las mujeres son las únicas con derecho a decidir sobre su cuerpo. Es una expresión de su libertad, y es un ejercicio de su potestad sobre sí mismas. La autodeterminación de cada quien sobre su cuerpo. Y esto, que evidentemente es uno de los derechos humanos más elementales, en el caso de las mujeres, según lo revela la historia de la humanidad, no siempre ha sido ni es así. Por razones culturales, religiosas, ancestrales, de dominio y otras, la historia de las mujeres devela que en distintas épocas, en diversas regiones y culturas, las mujeres no han podido decidir sobre sí mismas. Y a esto ha contribuido una confusión: relegar el derecho de la persona mujer, con derechos humanos y ciudadanos como cualquier otro, y preeminenciar el papel de la persona mujer como objeto sexual, o en su alta responsabilidad de reproductora de la especie.
El debate que ha desencadenado un conjunto de legislaciones estatales en torno al derecho a la vida soslaya que no es una discusión que ataña, de manera prioritaria, a la posibilidad de procreación, sino que corresponde, de manera esencial, al ejercicio de autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo.
Es una discusión profunda y compleja, que lamentablemente para el país y para las mujeres del país se está mezclando con valores, concepciones religiosas, posiciones político-electorales y, recientemente, con un protagonismo político que abona una polarización que puede redundar en manipular información para exaltar a grupos conservadores de nuestra sociedad.
No es una discusión sobre el aborto. Es una discusión sobre los derechos de las mujeres. Abortar no es una decisión que una mujer tome por gusto. Hay muchos otros métodos anticonceptivos menos traumáticos y lesivos, sicológica y físicamente. La discusión sobre la despenalización del aborto en determinadas circunstancias no significa ni que se pretenda generalizar esa práctica, ni que las mujeres que llegan a tomar esa medida sean asesinas o personas deleznables.
Es lo grave de colocar temas polémicos, en los que la sociedad está dividida, sin marcos referenciales de racionalidad y contexto. En última instancia, la discusión sobre los métodos anticonceptivos, compete a la política demográfica, y a la política de salud pública. Reconozco que puede haber otras dimensiones de discusión, teológicas incluso, pero finalmente cada mujer sujeto es responsable de sus actos, y los podrá guiar en función de sus convicciones.
Inicié este texto diciendo que soy una persona, mujer, de definiciones. Sí. Opté por valorar la importancia del Estado y de lo público. Por preeminenciar lo social versus lo privado. Por las reivindicaciones agrarias, campesinas, de los núcleos indígenas; he procurado acompañar las causas de las mujeres, y abonar un grado de avance, en las trincheras donde me he encontrado. Y otras tantas definiciones. Una crucial: soy demócrata. Ha sido a través de procesos democráticos como he alcanzado altas responsabilidades políticas.
Llegué a la presidencia del PRI en una elección interna. He participado activamente en los procesos de democratización de ese partido, una enorme organización política, heterogénea en su interior, que conjuga intereses diversos y posiciones distintas, en muchas ocasiones encontradas. En varios asuntos, tengo posiciones distintas a las de un número importante de militantes de mi partido —algunos dirían que soy más vanguardista en los temas de derechos civiles, más modernizadora en los temas económicos, más radical en los de derechos humanos, más innovadora en los de derechos políticos, pero mis correligionarios y correligionarias saben que, como presidenta, tengo una conducción democrática, respetuosa del debate interior, buscando equilibrios internos y tratando de generar consensos—. Doy mis batallas, en los temas de mis convicciones, como una militante más, con un rango de dirigencia, pero no con una dirigencia ni autoritaria ni vertical.
En el debate sobre el llamado “derecho a la vida”, en las legislaciones estatales, en mi calidad de dirigente nacional del PRI, conversé con la dirigente nacional de las mujeres para consultar su posición, y la instruí para que se pusiera en contacto con autoridades locales y las diputadas de nuestro instituto político, para expresar nuestro punto de vista y advertir de la complejidad y riesgo de este tema, y del rechazo de la Organización de Mujeres del PRI a que los derechos de las mujeres se vean afectados. Que hubiese argumentación, y se escuchen los diversos planteamientos.
Al mismo tiempo, en cuanto a los procesos legislativos locales, actuamos respetando nuestra condición de partido federalista, y asumiendo la libertad democrática de los legisladores locales de filiación priísta. En el DF, los priístas votaron por la despenalización del aborto, con algunas causales y especificaciones precisas; en otras entidades federativas, han votado en otro sentido, e incluso han existido votos diferenciados.
Es claro que el tema divide a la sociedad mexicana, y la representación del PRI, que es reflejo de esta sociedad, también tiene una posición dividida. El debate sigue abierto. La democracia interior es el camino legítimo para encauzar las diferencias, y buscar lo que más conviene a la sociedad mexicana, sin detrimento de los derechos de las mujeres.
correo@beatrizparedes.org
Beatriz Paredes
Presidenta nacional del PRI
Pazos, ex diputado federal del PAN y ex director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), ha beneficiado más a las instituciones bancarias que a los usuarios; incluso, en diciembre de 2008 se atrevió a decir que “controlar el techo de las tasas es una medida política de presión para los bancos, pero en sí misma no soluciona los problemas”. Una declaración irresponsable y fuera de lugar, de un hombre que sólo ha traicionado a la ciudadanía y ve por sus intereses personales. La Condusef es una institución hecha para defender los intereses de los usuarios de la banca y pareciera que defiende los intereses de los banqueros.
Para el buen funcionamiento de toda Democracia, el respeto a los Derechos Humanos es esencial, pues en ellos están considerados los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, así como los culturales y de las minorías.
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